Parlamentario francés pide liberación de presos cubanos en EE.UU.

Prensa Latina
2004-03-06

Paris, 5 mar (PL) El diputado francés George Hage demandó hoy la liberaciónde cinco cubanos presos injustamente en cárceles de Estados Unidos porcombatir acciones contra Cuba de grupos terroristas con base en ese país.

Asimismo abogó por el levantamiento del bloqueo mantenido por lossucesivos gobiernos norteamericanos contra la nación caribeña, al interveniren un acto celebrado en la alcaldía de la localidad de Bully de Mines, en laregión norteña de Paso de Calais.

También habló Adriana Pérez O'Connor, esposa de Gerardo Hernández, uno delos cinco jóvenes prisioneros, quien en nombre de los familiares de loscompatriotas agradeció el apoyo recibido y las gestiones para su liberacióndesplegadas por autoridades y grupos de solidaridad con esa causa.

Al acto asistieron además el embajador de Cuba, Eumelio Caballero, y unaamplia representación del gobierno municipal de Bully de Mines y de todaslas agrupaciones de solidaridad con Cuba.

Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino yFernando González cumplen condenas que fluctúan desde 15 años hasta cadenaperpetua por cometer supuestamente actos de espionaje contra Estados Unidoscuando en realidad combatían a grupos terroristas anticubanos asentados enla ciudad de Miami.

Precisamente en esa ciudad, donde se concentran los grupos anticubanosmás reaccionarios, fueron procesados en un juicio en el que no se lepudieron probar los cargos y que careció de elementales garantías para losacusados.

Posteriormente fueron recluidos en diferentes cárceles en las cuales hansido privados de derechos como el de recibir visitas periódicas de susfamiliares e incluso han sido recluidos injustificadamente en celdas decastigo en numerosas ocasiones.

En decenas de países se ha desplegado un creciente movimiento a favor deque se revise el caso, se celebre un nuevo juicio fuera de Miami y con lasgarantías correspondientes y que sean puestos en libertad

Venezuela: Los medios y la vulneración del respeto a la veracidad

Cristina Xalma
Rebelión

Escribo esta carta con al intención de expresar mi más absoluta indignación ante al modo en que los medios de comunicación están tratando todo lo que acontece en Venezuela. La experiencia de haber vivido todo el año 2003 en ese país, me dota de suficiente autoridad moral como para afirmar con rotundidad que los sucesos de los últimos días en Venezuela son, una vez más, otra muestra de cómo se puede criminalizar y derrumbar un intento democrático de Reforma progresista en América Latina. Estoy segura, además, que gran parte (sino la mayoría) de la población venezolana, secunda esta opinión. Entre estos, los que conforman la población desfavorecida de Venezuela (más de 3 millones, sólo en Caracas) que hoy, por fin, y a pesar de casi 4 décadas de "democracia modélica", tiene acceso por primera vez a la salud y a la educación (la mejora en la garantía de estos derechos desde que gobierna Chávez la corroboran los informes de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano). Pero también secundarían mi opinión toda la población que, también por primera vez en más de 5 décadas (incluyendo aquí la correspondiente a la dictadura de Pérez Jiménez), no es perseguida ni reprimida por sus ideas políticas (como sí lo fueron desde 1958 todos los militantes del Partido Comunista de Venezuela -excluidos del "pacto democrático" de Punto Fijo entre los socialdemócratas y los democratacristianos- , o los entre 5.000 y 20.000 caraqueños que murieron la tarde del 27 de febrero de 1989, cuando el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez mandó reprimir a quienes protestaban contra el anuncio de un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional que contravenía su promesa electoral de llevar a cabo una reforma económica que se orientara hacia la consecución de una mayor justicia social).

Si los medios de comunicación no se saltaran un principio básico de la ética periodística, el respeto a la veracidad, quizás la opinión pública podría hacer otro análisis de lo que sucede en Venezuela. A lo mejor hubiera sido suficiente con un ejercicio que reconociera la legitimidad democrática del Gobierno de Hugo Chávez, o, tal vez, con una contextualización del discurso de Reforma que le dio la victoria en las urnas por tres veces consecutivas, y por mayoría abrumadora (con el 59,8% total de los votos). Saber que, en 1996, dos años antes de la primera victoria de Chávez, el 86% de la población vivía en condiciones de pobreza y el 65% en situación de pobreza extrema, hubiera podido ser un dato revelador del porqué del malestar de una población que reclamaba la extinción del sistema político, económico y social vigente. A un más, si nos hubieran dicho que este panorama de pobreza lo vivía el quinto exportador mundial de petróleo, y primer suministrador de Estados Unidos.

Tras esto, quizás hubiera bastado con permitirnos reconocer en la oposición más recalcitrante a la antigua élite del sistema, o con hacernos entender que el recurso a lo "antidemocrático" forma parte, precisamente, de la estrategia de los opositores (prueba de ello: el "recurso", antes que al referéndum, al Golpe de Estado de abril de 2002 o al boicot económico de casi 7 meses que tuvo lugar hasta finales de enero del 2003 -tres de ellos con cese de la principal actividad de exportación del país, lo que provocó una caída del 29% del PIB-). Quizás si nos hubieran explicado, también, que las firmas recogidas por la oposición para solicitar la convocatoria del referéndum fueron "custodiadas" por esa misma oposición durante el mes comprendido entre el momento de la recogida y su entrega al CNE (dato que da credibilidad a la posibilidad de que más de un millón y medio de las firmas depositadas sean falsas); o, que los disturbios de la semana pasada durante la concentración de la oposición ante el G-15 se iniciaron con disparos de francotiradores y que la mitad de los heridos eran miembros de la Guardia Nacional, quizás, hubiésemos podido hacer un análisis diferente de lo que sucede en Venezuela. Pero claro está, que los poderes económicos y mediáticos siempre se alían (o se confunden) para hacernos creer que, efectivamente, otra "alternativa" económica, política y social no "es posible".

Piden investigación de Naciones Unidas sobre la dimisión de Aristide

Declaración de CARICOM sobre el golpe en Haití

Traducido para Rebelión por Germán Leyens

Los jefes de gobierno del CARICOM se reunieron el 2 y 3 de marzo de 2004 en Kingston, Jamaica, en una sesión de emergencia para considerar la situación en Haití. En el citado encuentro expresaron su consternación y alarma respecto a los eventos que condujeron a la salida de su cargo del presidente Aristide y la permanente agitación política y la violencia en Haití. Llamaron al inmediato retorno a la democracia y al respeto de la Constitución de Haití.

Recordaron que el Plan de Acción Previa de CARICOM había sido desarrollado con plena participación de Estados Unidos, Canadá, la OEA y la Unión Europea y plenamente apoyado por la comunidad internacional. Esta iniciativa fue guiada por la necesidad de preservar el estado de derecho y se basaba en los preceptos del gobierno compartido, que asociara tanto al presidente Aristide como a la oposición legítima a compromisos específicos que llevarían a una resolución pacífica del impasse político, respetuosa de la constitución y que impulsaría el proceso democrático.

Los jefes de gobierno quedaron desilusionados por la renuencia del Consejo de Seguridad a tomar una acción inmediata en respuesta a los llamados de ayuda del gobierno de Haití.

El domingo 29 de febrero, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1529 endosando el envío de una Fuerza Interina Multinacional a Haití. Esto fue lo que CARICOM había solicitado para comenzar, pero la decisión fue adoptada en circunstancias bien diferentes a las concebidas en el Plan de CARICOM ya que sucedió inmediatamente después de la partida de su cargo del presidente Aristide.

Expresaron el punto de vista de que las circunstancias bajo las cuales el presidente dimitió a su puesto establecen un peligroso precedente para gobiernos democráticamente elegidos en todas partes ya que impulsa la remoción inconstitucional de personas debidamente elegidas de su cargo.

Reafirmando los principios fundamentales de buen gobierno dentro de la Comunidad del Caribe, basados en la Carta de la Sociedad Civil así como en los principios encarnados en la Declaración de Québec y en la Carta Democrática Interamericana, los jefes de gobierno subrayaron que estas obligaciones deben ser utilizadas para determinar la naturaleza democrática del gobierno en Haití. A este respecto, no se debiera tomar ninguna acción para legitimar a las fuerzas rebeldes ni debieran ser incluidas en ningún gobierno interino. Los jefes de gobierno también acordaron que el tema de las relaciones con la administración interina debe ser tema de un estudio urgente en la próxima Reunión Inter-Sesiones de la Conferencia.

Los jefes de gobierno, fueron profundamente perturbados por los informes contradictorios relacionados con la dimisión de su cargo del presidente constitucionalmente elegido. Esas preocupaciones fueron aumentadas por afirmaciones públicas hechas por el presidente Aristide de que no había dimitido voluntariamente. Los jefes de gobierno llamaron a una investigación bajo los auspicios de Naciones Unidas para aclarar las circunstancias que llevaron a su renuncia a la presidencia.

Cuando CARICOM aceptó la admisión de Haití como miembro de la Comunidad, se basó en su determinación de terminar con años de aislamiento y llevar a Haití a la familia del Caribe a la que pertenece por su geografía, historia y ascendencia común. Los jefes de gobierno reiteraron su compromiso con el pueblo de Haití y su intención de continuar constructivamente empeñados en los esfuerzos por crear las condiciones consideradas necesarias para su seguridad, bienestar y progreso a largo plazo.

Ese compromiso fue recientemente demostrado en la iniciativa que la Comunidad Caribeña lanzó en enero de este año, con apoyo internacional, para ayudar a resolver el prolongado impasse que ha polarizado al país.

A este respecto, subrayaron que la Comunidad continuará apoyando el desarrollo político, económico y social de su estado miembro. En consecuencia, los jefes de gobierno dieron mandato al Secretario General de CARICOM para que establezca un equipo operativo para coordinar la ayuda de CARICOM a Haití en las áreas en las que puede hacerlo. Ajustándose a la Resolución de la ONU 1529, los jefes de gobierno, acordaron participar en la subsiguiente fuerza de estabilización de la ONU, en esfuerzos por suministrar ayuda humanitaria, la reconstrucción de la economía y de la sociedad civil, y la reconstitución de las estructuras, procesos e instituciones democráticas del país. En las circunstancias prevalecientes, los jefes de gobierno no prevén su participación en la Fuerza Multinacional Interina autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Los jefes de gobierno reiteraron la importancia de un retorno a la democracia constitucional y expresaron el deseo de ver una rápida restauración de la paz y la estabilidad en Haití y el pronto retorno a la democracia constitucional, trabajando con el pueblo de Haití en un esfuerzo sostenido para reconstruir las instituciones democráticas. Subrayaron que todo enfoque de un retorno de Haití a un estado de normalidad debe incluir un plan de desarrollo económico y social.

Igualmente saludaron el nombramiento de un Consejero Especial del Secretario General de Naciones Unidas y se comprometieron a trabajar estrechamente con él en estos esfuerzos. Subrayaron que la creación de las condiciones de estabilidad política, desarrollo económico y la reconstrucción institucional de Haití requeriría un compromiso a largo plazo de parte de la comunidad internacional, incluyendo a las instituciones financieras internacionales.

Los jefes de gobierno continúan preocupados por la situación de la seguridad en Haití. Afirmaron que el desarme de los grupos ilegalmente armados debe ser una prioridad urgente. Existen continuos informes de que la situación en Port-au-Prince es caótica y, a pesar de la presencia de fuerzas militares internacionales, no hay evidencia de respeto por la ley y el orden. Deploran la pérdida de vidas, la destrucción de propiedad privada, y los ataques políticamente motivados, incluyendo las amenazas contra miembros del gobierno. Por lo tanto llamaron a las fuerzas internacionales a que logren detener la ilegalidad y les recordaron que tienen la obligación de hacerlo.

Los máximos mandatarios deploraron que los actuales disturbios en Haití llevan a una salida de haitianos, una situación que hace presión sobre los recursos de los estados vecinos.

Asimismo, acordaron que observarán el desarrollo de la situación política a fin de determinar toda acción ulterior en función de los intereses del pueblo haitiano.

El objetivo sería crear una base avanzada para terminar con Fidel Castro "dentro de cinco meses"

Un periodista francés denuncia que EEUU y Francia acordaron en 2003 un plan conjunto para derrocar a Aristide

Eduardo González. Rebelión

El periodista y escritor francés Thierry Meyssan ha asegurado que Francia y Estados Unidos acordaron en el verano de 2003 un plan conjunto para preparar un golpe de Estado contra el derrocado presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, debido, entre otras cosas, al interés de Washington por controlar estratégicamente la región y utilizar el país como "base avanzada para terminar con Fidel Castro dentro de cinco meses". El otro gran motivo sería la reacción francesa a la decisión de Aristide de exigir a París el pago o devolución de deudas contraídas con su ex colonia a lo largo del siglo XIX.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se puso en contacto con Francia a finales de 2002 para derrocar al ex presidente de Haití, pero que no fue hasta julio de 2003 que París decidió implicarse, afirmó Meyssan --presidente de la red alternativa francesa 'Voltaire' y conocido por su libro 'La gran impostura', en el que ponía en duda la versión oficial estadounidense sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001--, citado por la agencia de prensa de ámbito latinoamericano IAR-Noticias.

Según Meyssan, la llegada de Aristide al poder en 1990 ya supuso entonces un problema para Washington, ya que "marcó el comienzo del fracaso de la estrategia estadounidense para erradicar el comunismo en el Caribe". En 1991, Aristide fue derrocado por el general Raoul Cédras y por los escuadrones de la muerte de Louis-Jodel Chamblain, quien es, precisamente, uno de los principales líderes de la revuelta que le apartó del poder el pasado domingo.

La presión de los votantes de raza negra, entre quienes consiguió Aristide muchos apoyos, obligaron al ex presidente estadounidense Bill Clinton a apoyar el regreso del mandatario haitiano a su país en 1994, tras lo cual su primer ministro, René Préval, asumió la Presidencia del país (Aristide no pudo ejercer el cargo porque la Cosntitución haitiana prohíbe dos mandatos seguidos). La política antinorteamericana de Préval fue respondida en octubre de 2000 por un intento frustrado de golpe de Estado protagonizado por el otro líder de la actual revuelta, el ex comisario de policñia Guy Philippe, asegura Meyssan.

Tras el regreso de Aristide a la Presidencia en 2000 (tras obtener el 91 por ciento de los votos en unas elecciones caracterizadas por la alta abstención), el restituido presidente exigió a Francia el pago o la devolución de 90 millones de francos-oro (moneda de la época) que habían sido confiscados por el Gobierno francés a Haití entre 1825 y 1885. La suma, ajustada y adaptada a los intereses correspondientes, equivale a alrededor de 20.000 millones de euros actuales.

EL PLAN DE GOLPE DE ESTADO Fue en estas circunstancias, señala el periodista, que Bush se puso en contacto con Francia para llevar adelante el plan de derrocamiento de Aristide, cuyo gran objetivo sería establecer una base de avanzada para "terminar con (el presidente de Cuba) Fidel Castro dentro de cinco meses".

El proyecto incluiría cuatro grandes puntos. El primero era la 'desestabilización democrática', mediante el apoyo y financiación a la oposición interna con fondos procedentes de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y mediante la creación, dirigido por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Roger Noriega (un viejo enemigo de la Teología de la Liberación, a la que perteneció en tiempos Aristide), de un grupo de trabajo "para la restauración democrática".

En este contexto, ambas potencias habrían prestado apoyo a la formación opositora Grupo de los 184, presidida por un antiguo financiero de la dictadura de los Duvalier (entre 1957 y 1986) André Apaid, que el pasado 2 de enero presentó una alternativa de transición y cinco días más tarde convocó una manifestación que degeneró en revuelta, tras la cual Washington acusó a Aristide de no ser democrático. El 13 de enero, continúa Meyssan, expiró el mandato del Parlamento y la oposición se negó a nombrar delegados a la Comisión Electoral, lo cual impidió la celebración de elecciones y aumentó la presión internacional contra el presidente.

El segundo punto se refería a la 'presión diplomática', una operación supervisada por el intelectual francés Régis Debray y por Veronique Albanel, presidenta de la asociación Fraternidad Universal y hermana de Dominique de Villepin, actual ministro francés de Asuntos Exteriores. Con esta cobertura, Estados Unidos y Francia ejercieron presiones sobre diferentes países de la región para que no participasen en las ceremonias del 200 aniversario de la independencia de la "primera república negra de América", que se celebraron el 1 de enero de este año en Puerto Príncipe.

El tercer punto del plan consistía en la 'desestabilización militar', para lo cual, según Meyssan, Estados Unidos puso en funcionamiento un grupo armado en República Dominicana, bajo las órdenes de Guy Philippe. Este grupo protagonizó el alzamiento armado del pasado 5 de febrero en Gonaives (norte), mientras el Grupo de los 184, "en contacto permanente" con el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, ordenó a la oposición que mantuviera distancias con los rebeldes para poder optar al poder sin "tener que sentirse responsable por los abusos o barbaries que puedan ser cometidas a su favor" por los sublevados, añade el periodista.

El 21 de febrero, el plan para una solución al conflicto propuesto por la comunidad internacional fue aceptado por Aristide pero rechazado por la oposición, que exigió incondicionalmente su salida, y dos días después, los sublevados cruzaron la frontera dominicana al mando de Louis- Jodel Chamblain.

Ese día, la agencia AFP comentó que "en Puerto Príncipe mucha gente piensa que el Ejército dominicano ha dejado pasar deliberadamente a los antiguos militares haitianos con el respaldo de Estados Unidos, que además de suministrarles la casi totalidad de su material bélico, mantiene vínculos muy cercanos con su comando conjunto y el Gobierno". La agencia francesa recordó también que "República Dominicana fue el único país del Caribe que envió 300 militares a Irak a petición de Estados Unidos".

El cuarto acto del plan era el 'secuestro'. El pasado domingo, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos tomaron el Palacio Presidencial y anunciaron a Aristide que sería enviado a Miami para ser juzgado por tráfico de drogas, a menos que aceptase dimitir. De los contrario, esperarían la llegada de Guy Philippe, que había recibido órdenes y venía "a matarlo", asegura Meyssan.

"Bajo la amenaza de los fusiles M-16 y en presencia de James B. Foley, embajador de Estados Unidos, y de Thierry Burkard, embajador de Francia, Aristide firmó una declaración de demisión preparada con anticipación 'a fin de evitar un baño de sangre'", asegura Meyssan.

Aristide fue conducido a continuación a Bangui, capital de la República Centroafricana, en donde lo esperaban agentes franceses de la seguridad francesa.

Meyssan recuerda también que Estados Unidos y Francia mandaron sus tropas a Haití antes de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocado de urgencia, decidiera nada respecto al envío de 'cascos azules'.

Memoria y futuro del cine cubano

En el 45to. aniversario del ICAIC

Pedro de la Hoz
Granma.

Memoria y futuro se articularán en la vasta e intensa jornada con que los cineastas cubanos festejarán el cuadragésimo quinto aniversario de la fundación del ICAIC, uno de los primeros organismos culturales creados por la Revolución y piedra angular del desarrollo de un arte profundamente comprometido con la defensa y promoción de la identidad insular.

Momento del rodaje de Historias de la Revolución.

"Al cabo de estos cuarenta y cinco años se hacen visibles la madurez de nuestra producción fílmica y nuestra gestión promocional", afirmó ayer Omar González, presidente del ICAIC, al exponer ante la prensa detalles de un programa que abarca todo el país.

En las principales salas del territorio nacional, teniendo como matriz el cine La Rampa, comenzará a exhibirse este mes un ciclo de 31 largometrajes de diversas épocas que nunca antes habían tenido una proyección comercial entre nosotros y se rendirá homenaje a los trabajadores vinculados a la actividad cinematográfica a lo largo de nueve lustros.

Primero en la sala Chaplin, de La Habana, y luego en capitales de provincia se realizarán cinco galas que enaltecerán momentos cumbre de la pantalla cubana: el viernes 5, con las primeras producciones del cine revolucionario (Noticiero ICAIC Latinoamericano, el dibujo animado El maná; el documental de Julio García Espinosa, Sexto aniversario; e Historias de la Revolución, de Tomás Gutiérrez Alea); el miércoles 10 por el aniversario 40 de Cumbite, también de Titón; el lunes 15 por las cuatro décadas de la primera coproducción cubano-soviética, Soy Cuba, de Mijail Kalatazov; el sábado 20 por el aniversario 35 de La primera carga al machete, de Manuel O. Gómez, y el domingo 28 con filmes patrimoniales recientemente restaurados. El jueves 25 se estrenarán nuevos documentales y dibujos animados.

El domingo 21 tendrá lugar un concierto de Edesio Alejandro con la música de Suite Habana; al día siguiente se producirá la premier oficial de Tres veces dos, trilogía de Pavel Giroud, Léster Hamlet y Esteban García; y veinticuatro horas después se proclamará por segunda vez el Premio Nacional de Cine.

A lo largo de marzo, la Cinemateca programará filmes que ilustran la continua colaboración solidaria de Cuba con las cinematografías de América Latina, jornada que tendrá como punto culminante la premier el miércoles 24 de Los hijos del último jardín, del boliviano Jorge Sanjinés.

Del 5 al 8 de marzo, Santiago de Cuba acogerá el V Festival de Documentales Santiago Álvarez; mientras que Camagüey, entre el 9 y el 12, será nuevamente sede del Taller Nacional de la Crítica Cinematográfica.

Se evapora el ALCA

Mario Osava
IPS

RIO DE JANEIRO, feb (IPS) - El poderoso sector de negocios agrícolas de Brasil ve con disgusto como se acentuó, tras las negociaciones en México, la posibilidad de que al final no se llegue a conformar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Hay "un horizonte muerto", la perspectiva de un "ALCA nada, ni siquiera light", y no sólo por culpa de Estados Unidos sino también porque Brasil nada ofrece para reclamar mayor acceso al gran mercado del Norte, dijo a IPS Gilman Rodrigues, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería (CNA).

Su homólogo del sector industrial, Osvaldo Douat, tiene una visión distinta, atribuyendo la obstrucción de las negociaciones a la rígida posición de Washington de no abrir su mercado agrícola ni disponerse a reducir subsidios.

El endurecimiento de Estados Unidos se debe al clima electoral que prevé una fuerte disputa por la presidencia de ese país en noviembre, según Douat. En época preelectoral, el gobierno se hace más vulnerable a la presión de los grupos de interés, como el de los agricultores, apuntó.

En la meridional ciudad mexicana de Puebla se definieron la semana pasada los dos grupos adversarios. De un lado quedó el Grupo de los 14 (G-14) países, encabezado por Estados Unidos y compuesto por las demás naciones norteamericanas, las centroamericanas más Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y del otro aparece el Mercado Común del Sur (Mercosur), conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los negociadores estadounidenses dejaron claro que sólo podrán ofrecer mayor acceso a los productos del Mercosur si este bloque acepta alguna apertura en sus reglas para servicios, compras gubernamentales, inversiones y propiedad intelectual.

Fue Estados Unidos el que primero limitó el alcance del ALCA, al excluir los subsidios agrícolas y las reglas antidumping (comercio desleal) de las negociaciones regionales para sólo aceptar discutirlos en la Organización Mundial de Comercio (OMC), destacan diplomáticos brasileños, como el embajador en Washington, Rubens Barbosa.

Luego Brasilia también adoptó la misma actitud en relación a los servicios, las compras gubernamentales y las patentes. Pero Brasil podría hacer una "propuesta más osada" para destrabar las negociaciones, sin afectar sus intereses, sino favorecerlos, sostuvo Rodrigues. Al país le interesa, por ejemplo, atraer inversiones para mejorar su infraestructura, cuya insuficiencia es reconocida como obstáculo para el desarrollo, argumentó.

Es el área de negocios agropecuarios lo que asegura a Brasil el superávit comercial, que el año pasado fue superior a los 24.000 millones de dólares. Para mantener ese desempeño, basado en productos de bajo valor agregado, el volumen exportado es enorme y tiende a expandirse, exigiendo inversiones urgentes en medios de transporte, acotó el empresario agrícola.

En esas condiciones, acompañadas de la escasez de capitales nacionales, estatales y privados, no se entiende una negativa en abrir ese mercado a inversiones extranjeras, con un marco regulatorio adecuado, como una oferta en el ALCA que podría dar paso a concesiones estadounidenses en el sector agrícola, razonó Rodrigues.

En su opinión, la "mala voluntad de todos" está trabando el proceso. Condicionar una oferta en inversiones, servicios o en el sector industrial a una contrapartida previa en agricultura "no es negociar", concluyó.

Es que el pesimismo aumentó después de Puebla entre los empresarios, negociadores y expertos brasileños en relación a la posibilidad de cumplir los plazos fijados para el fin de las negociaciones a comienzos de 2005 y poder instalar la zona de libre comercio continental a fines de ese mismo año.

"Brasil necesita evaluar con preocupación y espíritu crítico el costo de la no-ALCA", porque podrá perder comercio, inversiones y empleos ante la consolidación de más de 15 acuerdos bilaterales de libre comercio entre países del continente y Estados Unidos, advirtió un informe del Instituto de Estudios de Comercio y Negociaciones Internacionales (ICONE), especializado en temas agrícolas.

Esa situación se acentúa si los miembros del G-14 firman acuerdos sobre los temas en negociación, agravando el desinterés por el ALCA.

Washington adoptó esa estrategia de "liberalizaciones competitivas", con la que busca obtener el máximo de concesiones ofreciendo muy poco, como se nota en los convenios bilaterales que firmó últimamente, según ICONE. El azúcar, por ejemplo, quedó excluido del acuerdo con Australia, que es gran exportador del producto.

Pero queda una "última esperanza" en la nueva reunión negociadora del ALCA que tendrá lugar en la misma ciudad de Puebla, a comienzos de marzo, según Mario Marconini, director ejecutivo del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI).

La primera ronda de Puebla estaba casi condenada al fracaso, después de la confusa resolución anterior, estableciendo acuerdos en dos niveles, uno básico y para todos y otro restrictivo a grupos de países que acepten compromisos adicionales en cada tema, evaluó Marconini para IPS.

Si falla también el encuentro de marzo no habrá ALCA en el plazo pretendido, porque luego vendrán las presiones electorales en Estados Unidos, sentenció. Pero quizás sea preferible "no concluir un acuerdo malo en 2004" y esperar mejores condiciones en 2005, con Bush reelegido o con un nuevo presidente en la Casa Blanca, apuntó.

Donde ordene el Imperio

El gobierno español está dispuesto a enviar tropas a Haití

El Mundo

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, afirmó ayer en declaraciones a la prensa que España está dispuesta a estudiar cualquier propuesta de contribución de tropas a la misión multinacional que ya se está desplegando en territorio haitiano.

Palacio realizó estas declaraciones tras reunirse en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, donde dialogó con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, sobre los temas más destacados de la actualidad internacional, según informa Europa Press.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, habló ayer por teléfono con el presidente del Gobierno español, José María Aznar, para analizar la situación de Haití, Venezuela y Colombia.

El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, apuntó que esta conversación entre Bush y Aznar «es parte de las consultas continuas entre amigos».

Oposición venezolana planea asesinatos para responsabilizar al Gobierno

Venpres

"La Coordinadora democrática planea asesinar a algunos de sus dirigentes" en la marcha que organizan para el próximo sábado 6 de marzo, "con la finalidad de responsabilizar al Gobierno de ello y seguir caldeando los ánimos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE)", denunció el diputado del Movimiento V República (MVR), Willian Lara, en el programa nocturno del canal del Estado "Contra Golpe".

Tal afirmación del parlamentario surgió ante los focos de violencia que se formaron en algunos sectores de la capital venezolana y las acciones de calle que prevé realizar la oposición en protesta a la decisión del CNE de someter a reparo más de 800 mil planillas.

El funcionario destacó que obtuvo esta información gracias al arduo trabajo que realizó la Disip durante los cinco días de disturbios, pues se encargaron de desmantelar el complot armado que busca desestabilizar el orden público, mantener el caos e incentivar la agresividad en los venezolanos.

Dijo que hasta los momentos hay 47 detenidos en la cárcel de El Rodeo, quienes ya tienen medidas privativas de libertad y les espera una condena de 5 a 10 años de prisión "por los delitos que cometieron en las calles, mandados por los mismos que ordenaron a los militares a pronunciarse en Altamira, a perder sus carreras y luego los abandonaron, los mismos que promovieron el paro petrolero y llevaron al desempleo a quienes les obedecieron".

Ante la interrogante de que si se tomarán medidas contra los alcaldes y gobernadores quienes supuestamente promovieron y participaron en los disturbios, el diputado Lara señaló "en discusión de la Asamblea Nacional se estudió la posibilidad de introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia la solicitud para revocar de su cargo a los alcaldes de los municipios Chacao, Leopoldo López, Baruta, Enrique Capriles Radonsky, El Hatillo, Alfredo Catalá y al gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, entre otras personalidades que incumplieron sus funciones constitucionales".

Anuncian operativo del cual se esperan nuevas detenciones

Con el propósito de detectar los promotores de los focos de violencia generados en diferentes puntos de la ciudad capital, el Ministerio de la Defensa adelanta, junto a los cuerpos de seguridad e Inteligencia del Estado, un operativo especial del cual se esperan nuevas detenciones en las próximas horas.

Así se desprende de las declaraciones del titular castrense, general en Jefe Jorge Luis García Carneiro, en el programa "En Confianza" transmitido por VTV, en el cual detalló que luego de un arduo trabajo de Inteligencia, "nos estamos preparado para la detención de otras personas que estoy seguro van a ser noticia".

Disertó que las personas detenidas hasta la fecha por lo general se desplazaban por calles y avenidas en horas de la madrugada portando armas de fuego de alta potencia, chalecos antibalas y binóculos.

Refirió el caso del dirigente Carlos Melo, quien fue encontrado de manera flagrante con dos fusiles pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional (FAN), "flagrante con el armamento en sus manos y prueba de ello es que el cuerpo técnico especializado hizo los análisis que determinaron que son de él y no son sembradas".

Recordó que cuando el vicealmirante Carlos Molina Tamayo fue director de la División de Armamento y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional (Darfa), "entregó a diestra y siniestra una cantidad de armamento que tenemos", por lo que el Ministerio de la Defensa está haciendo una evaluación completa para una nueva identificación de porte de armas, una vez que se afinen algunos detalles.

En torno a los dispositivos de seguridad aplicados, detalló que hay "un plan especial de seguridad en la ciudad capital y hemos movilizado tropas del interior para fortalecer, además mantenemos un patrullaje constante diurno y nocturno porque la policías Metropolitana, de Baruta, de Chacao y El Hatillo a esas horas se han dedicado a actividades subversivas".

Comentó que el operativo especial de seguridad también asumió la limpieza de calles y avenidas, toda vez que las alcaldías no cumplieron con este tipo de labores.

Descartó que en este momento se esté frente a la aplicación del Plan Ávila, no obstante, dejó claro que dentro del marco constitucional y del Estado de Derecho, en caso de que fuese necesario, se aplicaría dicho plan para garantizar la seguridad.

"No se trata de ningún plan macabro como han tratado de vender, porque se monta siguiendo la base legal del Estado, como es respetar la Constitución, leyes, reglamentos, directivas y resoluciones", aclaró.

Finalmente indicó "la FAN responde a la oposición, a la gente que está llamando a la violencia, a la desobediencia y a los gobernadores que supuestamente se están declarando libre del territorio, algo que está prohibido por la Constitución nacional".